Avanza la Ley de Economía del Conocimiento: el Gobierno nacional reglamentó la legislación

Esta Ley extiende los beneficios a todas las disciplinas que integran la Economía del Conocimiento, uno de los sectores que más exportó en la última década.

 

A través del Decreto 708/2019 el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, reglamentó la Ley Nº 27.506 creando el “Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento”.

Con este anuncio, se pone en marcha en Argentina la reglamentación y la continuidad de un marco legal y tributario propicio para la generación de más empleos del futuro hoy, logrando mantener una política de estado que comenzó con la Ley del Software.

“Desde CESSI, la Cámara de la Industria Argentina del Software, y toda la Red de Polos y Clústeres del país, celebramos la reglamentación de esta ley que promueve la Economía del Conocimiento en todo el territorio de la República Argentina”, difundieron en un comunicado de CESSI.

Esta Ley extiende los beneficios a todas las disciplinas que integran la Economía del Conocimiento, uno de los sectores que más exportó en la última década. Además, es una industria de pleno empleo en el país y que tiene el potencial de aumentar transversalmente la productividad de toda la economía con proyecciones de incrementar en un 150% las exportaciones para 2030.

La Ley es un salto evolutivo que da continuidad a una política pública iniciada en 2003 con la sanción de la Ley de Promoción de Software.

“Destacamos y valoramos el trabajo realizado por los equipos de los Ministerios de Producción y Hacienda para reglamentar la Ley en un plazo tan breve. Esto demuestra la decisión de tratar a la Economía del Conocimiento como una política de Estado, independientemente del contexto político y económico del momento”, afirmó Luis Galeazzi, Director Ejecutivo de Argencon.

Este Reglamento confirma las definiciones establecidas por la Ley y abarca sus disposiciones técnicas de carácter más permanente. Los aspectos referidos a la interpretación del alcance de las actividades serán tratados por las Resoluciones que se esperan que sean publicadas a la brevedad.

A partir de la reglamentación, se abren grandes oportunidades las empresas del sector, que podrán adherir al régimen durante este año y acceder a los beneficios desde su vigencia, el 1 de enero de 2020. Facilidades para la creación de empresas, beneficios impositivos para crear empleo, incentivos a la exportación y un marco de estabilidad, son algunos de los puntos sobresalientes de la Ley.

La Ley de la Economía del Conocimiento tiene como objetivo aumentar transversalmente la productividad y la creación de empleo en toda la economía. Adicionalmente, esta ley brinda beneficios tales como: menor costo laboral, menor impuesto a las ganancias, alivio fiscal para las exportaciones, fomento para las nuevas empresas y estabilidad fiscal.

El camino

En mayo, el Senado por unanimidad un proyecto tan festejado por empresas como ambicioso, que permite generar ventas al exterior por u$s 15.000 millones, cifra similar a la del complejo sojero, y que concentra el 25% de las exportaciones.

La Ley de Economía del Conocimiento ya había su media sanción en Diputados por amplísima mayoría (182 a 2) y plantea beneficios impositivos para una actividad que vendió al extranjero por u$s 6.028 millones entre el tercer trimestre de 2017 e igual período de 2018, último dato publicado por el Ministerio de Producción.

De esta forma, superó a los complejos minero-metalífero y petrolero-petroquímico en exportaciones, ubicándose en cuarto lugar, detrás de los rubros oleaginoso, cerealero y automotriz.

El proyecto, impulsado por el Gobierno y avalado por todas las empresas del sector, apunta a darle un fuerte impulso a las ramas tecnológicas, científicas y creativas, que serán vitales de cara a lo que viene. Es decir, en vistas a un futuro dominado por la automatización. En virtud de ello, contempla las siguientes actividades:

– Industria 4.0 (inteligencia artificial, robótica, Internet de las Cosas, realidad aumentada y virtual, entre otros)

– Biotecnología

– Geología

– Servicios profesionales de exportación

– I+D en ingeniería y ciencias exactas, naturales, agropecuarias y médicas

– Nanotecnología

– Sector aeroespacial y satelital

– Producción audiovisual

También propone una reducción de los costos laborales e impositivos, estabilidad fiscal y el fomento de nuevas compañías en estas actividades. Más aún, plantea la creación de 215.000 empleos altamente calificados para que las empresas locales pueden competir mejor a nivel global.

El proyecto, que tiene como antecedente el Régimen de Promoción de la Industria del Software, amplía los beneficios de este programa que vence en diciembre y los extiende hasta 2030. Y podría alcanzar a más de 11.000 compañías.

“La industria del conocimiento no sólo es un sector que tiene la posibilidad de crecer sino, fundamentalmente, de mejorar la productividad del resto de la economía”, asegura a Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y Pymes de la Nación.

El funcionario subraya que la meta es “duplicar la cantidad de personas que trabajan en esta rama clave de actividad”. Y añade: “Queremos aprovechar para aumentar la productividad de la industria automotriz, el turismo, el agro, entre otras”.

Qué dice el proyecto

La iniciativa exige ciertos requisitos a las empresas, de modo tal de poder ser alcanzadas por los beneficios. Específicamente, deberán cumplir con los siguientes ítems:

– Invertir al menos el 3% de sus ingresos en investigación y desarrollo

– Exportar, como mínimo, una cifra equivalente al 13% de su facturación

– En el caso de servicios profesionales, ese porcentaje se eleva al 45% (Pymes) y al 60% (grandes empresas)

– Destinar como mínimo el 8% de su masa salarial a la capacitación de los empleados

– Acreditar una mejora continua de la calidad de sus productos, servicios y procesos mediante una norma de certificación

Entre los beneficios que contempla el proyecto de ley se destaca:

– El otorgamiento de “estabilidad fiscal” para las empresas que se inscriban en un registro especial.

– Es decir, no verán “aumentada su carga tributaria” mientras dure el régimen: incluye tasas y aranceles de importación y exportación y podría extenderse a impuestos provinciales

– Para cargas sociales, recibirán por cada asalariado una detracción equivalente al mínimo no imponible previsto en la Reforma Tributaria (hoy en $17.500)

– Obtendrán un “bono de crédito fiscal transferible por única vez, equivalente a 1,6 veces el monto de las contribuciones patronales” para abonar en concepto de anticipos o saldos de declaración jurada de Ganancias e IVA.

– Este bono será mayor si los empleados poseen un doctorado: “dos veces el monto de las contribuciones patronales correspondientes, por 24 meses desde su contratación”

– Las compañías alcanzadas por Ganancias tendrán una alícuota reducida del 15% si mantienen el personal y no estarán alcanzados por retenciones ni percepciones de IVA

Una ley sin grieta

La iniciativa es muy bienvenida en el sector. De hecho, las empresas y representantes de la industria participaron a través de mesas de diálogo o acercando inquietudes para la elaboración del borrador.

“Desde la Cámara nos hemos estado comunicando con todas las fuerzas políticas para comentar los alcances”, asegura Aníbal Carmona, presidente de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI).

Y agrega: “Es una ley del sector, que ha tenido muchas idas y vueltas por el costo fiscal. Además, es un empalme con la Ley de Software. Fue un logro habernos puesto todos de acuerdo. Es una ley sin grieta”.

En esto concuerda Mariano Stampella, cofundador de Intive-FDV, quien da cuenta del claro consenso sobre la norma durante los encuentros con representantes políticos de diferentes fuerzas.

“Desde la CTA hasta Mariano Mayer coincidieron en la misma frase: ‘Este es el sector antigrieta’. Tuvimos un muy buen recibimiento de todo el arco político, del PRO, del Frente Renovador y del Frente para la Victoria. Todos sus grupos técnicos, como los legisladores en sí, nos abrieron las puertas”, completa.

Todo indica que la norma se promulgará con casi la totalidad de los Senadores a favor, lo que derivará en otro efecto positivo sobre la industria según Carlos Palotti, especialista en políticas tecnológicas y desarrollo productivo.

En caso de que esto ocurra, “el impacto se sentirá este mismo año. Es decir, antes de que entre en vigencia, en 2020”, remarca Palotti.

“Se entendería como política de Estado y que la Argentina impulsará los servicios del conocimiento. Hay empresas que están estudiando planes y avanzarán porque la situación no dependerá de la coyuntura”, argumenta.

Para Stampella, las expectativas de la industria son muy altas. “Somos 4.800 firmas de software en Argentina, es un sector muy poco concentrado, más de 3.000 en la Ciudad de Buenos Aires. Se generaron más de 30 clusters en todo el país y se escuchó mucho su voz”, advierte.

El ejecutivo también asegura que “la expectativa es que se repita el crecimiento de esta actividad pero, sobre todo, en otras que también se ven afectadas”. En su visión, “este conjunto de trabajo multisectorial genera una política de Estado que trasciende a los gobiernos y modifica la matriz productiva nacional”.

Palotti, además, asegura que se trata de una cuestión estratégica para el país. “Un informe que recibí en estos días dice que en el mundo se van a crear 40 millones de puestos de trabajo en los próximos años en este rubro. La Argentina podría llevarse una parte importante de los nuevos empleos”, analiza.

El experto, quien se despeñó como subsecretario de Servicios Del Conocimiento durante la gestión de Mauricio Macri, confía que el Gobierno evaluó diferentes escenarios y que “efectivamente” el sector podrá generar u$s15.000 millones en exportaciones en estos 10 años.

Algunos grises

Todos los representantes del sector afirman que se trata de una buena iniciativa, más allá de algunas dudas que tienen sobre su implementación.

En diálogo con iProUP, Guillermo Freund, de la Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas (CADIEEL), afirma que este proyecto tiene una de cal y otra de arena.

“Está bien que se avance en términos generales. Pero, ¿cómo hace una Pyme de electrónica que todavía no tiene un 70% de su actividad dedicada a la economía del conocimiento para aprovechar los beneficios en aquellas unidades donde sí lo cumple?”, se pregunta.

Freund, presidente de la comisión Electrónica de CADIEEL, reclama que si bien escucharon algunas propuestas de la entidad, no fueron convocados a pesar de que son “un sector tecnológico que está incluyendo cada vez mayores servicios de conocimiento”.

“Lamento que los beneficios también les lleguen a empresas que no crean un bien tecnológico, exportable, comercializable per se al mercado, sino que aprovechan estas ventajas para bajar sus costos de producción y seguir explotando un negocio que es prácticamente monopólico. Mercado Libre y Despegar son los casos icónicos”, remarca.

Sin embargo, el empresario subraya que “no deja de ser una buena señal” y advierte: “Habrá que negociar la implementación, pero esperemos que los beneficios alcancen a las Pymes de la Industria 4.0”.

“La forma de calcular los beneficios fiscales antes era proporcional y ahora es un mínimo no imponible. Para las Pyme en general es muy bueno, mucho más simple de calcular y beneficioso para los polos regionales”, completa Stampella.

Por su parte, Nicolás Berenfeld, jefe de negocios de la biotech WeBio, asegura: “La gran duda que plantea la ley es cómo se va a implementar y monitorear”.

“Por ejemplo, entre las actividades contempladas se promueve la mejora continua en la calidad del producto, pero no se sabe cómo se controlará. A las Pymes les cuesta ir a una certificación ISO y el temor es que se queden afuera”, explica.

También advierte que todavía resta definir cómo se tomarán en cuenta los costos para el cálculo para la inversión del 3% en investigación y desarrollo.

“La ley no está tan pensada para los volúmenes chicos. Por ejemplo, la impresión 3D está contemplada, pero no están dadas las condiciones para exportar. Vender a Brasil es muy costoso y nos obligó a abrir una oficina en ese país”, afirma.

Este miércoles, la Ley de Servicios del Conocimiento será tratada y todo indica que será promulgada rápidamente.

Desde el jueves, será tarea de las más de 11.000 empresas que estarán alcanzadas lograr que la Argentina tenga rol más protagónico a nivel global en la competitiva Industria “4.0”.

Fuente: iProUP

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